Abogado de Piedad Córdoba asegura que proceso para restitución de su cargo no ha finalizado

Noviembre 22 de 2011 | 05:11 AM. | Noticias En una entrevista exclusiva para teleSUR, Gómez indicó que la defensa de la activista humanitaria considera que la decisión del procurador de Colombia, Alejandro Ordoñez, de destituir a Córdoba (en septiembre de 2010) por su supuesta colaboración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no está basada en pruebas legales.

En este sentido, indicó que la exsenadora “ha trabajado siempre dentro de los ámbitos permitidos por el Gobierno” y que sus contactos con el grupo insurgente han sido sólo para promover y mediar liberadores de cautivos.

“Córdoba ha actuado con probidad y solidaridad”, aseveró el jurista y recalcó la participación de la también activista en liberaciones unilaterales de al menos 20 detenidos de las FARC.

Por otro lado, con relación a la decisión del Consejo de Estado, indicó que si bien es cierto que este lunes se anunció la negativa a una solicitud de suspensión del fallo en contra de Córdoba, esto “no significa que el proceso judicial haya concluido”.

“Entonces el Consejo de Estado dice que no suspende la decisión pero que continúa el proceso pero eso no quiere decir que el proceso (...) pues según la instancia, es necesario demostrar que la exsenadora no se acercó las FARC con motivos ajenos a labor humanitaria”, añadió.

Córdoba fue sancionada el año pasado por la supuesta información hallada en las computadoras del fallecido número dos de las FARC, Raúl Reyes, que evidenciaba la promoción y colaboración de congresista con la guerrilla.

El Consejo de Estado, que aceptó revisar la denuncia presentada por la exsenadora, consideró que la Procuraduría sí tenía “justificación” constitucional para emitir este tipo de sanción disciplinaria y precisó que esta destitución es muy diferente a un proceso de pérdida de investidura.

“Resulta evidente que no cabe aludir a la existencia de la acción constitucional de pérdida de investidura de los congresistas como justificación de la imposibilidad de que estos sean objeto de sanciones disciplinarias", aclaró el organismo.

Se trata de "dos acciones diferentes que no es posible confundir" y que "no es válido argumentar la existencia de una de estas acciones como fundamento para invalidar la existencia de la otra", explicó el alto tribunal.

Recordó además que Piedad Córdoba, quien ha mediado entre el Gobierno y las FARC para la liberación de los retenidos por la guerrilla, ha sostenido que desarrolló una "actividad humanitaria" en su trato con la guerrilla.

Tras esto, indicó que "resulta imposible acceder a la solicitud de suspensión provisional dado que se requiere examinar el supuesto acto de delegación, lo que implicaría aportar una prueba en tal sentido".

La PGR, que se encarga del control disciplinario de los funcionarios públicos, ha defendido la decisión de suspender a la exsenadora “por haber promocionado y colaborado" con las FARC.

Córdoba había asegurado que con el fallo se consolidaba “la persecución política”. Asimismo, señaló que el Ministerio violó sus derechos en ese proceso, por lo que interpuso una demanda por nulidad y restablecimiento del derecho.

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